EL “PODER MAS PODEROSO”

Desde mis lejanos e inolvidables años en la Facultad de Derecho, he escuchado clamar a muchas voces autorizadas por una profunda reforma del Poder Judicial.  Hoy día, los comentarios se multiplican no solo en el foro y en los tribunales, sino en todos los niveles de la sociedad civil, que constantemente padece el reiterado quebrantamiento del artículo 41 de la Constitución Política y percibe la vertiginosa mitificación de esa norma que exige: “Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”

El Poder Judicial de Costa Rica urge una reorganización profunda, bien pensada y capaz de hacer realidad los sueños de justicia y de progreso del pueblo costarricense.

Es en este momento es el “poder más poderoso” del estado costarricense. La judicialización excesiva ha ido minando la autoridad del gobierno y del parlamento. Ya no somos una república presidencialista, ni mucho menos.  Somos una nación judicialista, donde la justicia está colapsada y el político más poderoso no es electo popularmente y ocupa el cargo de modo vitalicio. Hoy por hoy, el magistrado Mora Mora es el hombre fuerte de Costa Rica, es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, es el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y es magistrado de la Sala Cuarta. Desde “presidencia” nombra desde los jueces interinos por uno o dos días y controla las agendas de la Corte Plena y del Consejo Superior.

 De arranque debemos superar el concepto feudal de Corte, para que se denomine Tribunal Supremo de Justicia y en consecuencia el artículo 153 de la Carta Magna ha de restringirse a: “Corresponde al poder judicial, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso – administrativas, así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario”.

 La Sala Constitucional tienen que estar fuera del Poder Judicial, como el Tribunal Constitucional de España. No es saludable para la democracia la excesiva concentración de poder en tan pocas manos.

 El Ministerio Público y la Policía Judicial han de convertirse en una institución estructuralmente semejante a la Contraloría General de la República. Con una organización independiente y clara, donde el fiscal general y el vice fiscal serían nombrados por la Asamblea Legislativa.  Al fin y al cabo, ahora lo nombran 22, que fueron escogidos por 57, pues que sean los 57 los que lo elijan.

 El Departamento de Medicina Legal y los Laboratorios Forenses conformarían un Instituto de Ciencias Forenses a cargo del Concejo Nacional de Rectores, de tal manera que se garantizaría la pulcritud y el rigor científico de sus pericias. No es sano que el mismo jefe de los policías judiciales sea el de los médicos forenses y de los demás expertos criminalistas.

 La Defensa Pública será adscrita a la Defensoría de los Habitantes, para que refuercen esa institución y sigan vigilantes de las garantías procesales para los delincuentes.

 Claro está, en todos los casos con el traspaso de los recursos presupuestarios a estos nuevos entes y con las reformas jurídicas necesarias.

 Así veremos que el Poder Judicial volverá a levantarse como  la columna vital de la República.