En los zaguanes tribunalicios: ¿Samuelean y aterrorizan periodistas?

No me extraña. No me sorprende. La crisis del Poder Judicial no es reciente, ni está por acabar. Me topo con ella a cada rato, unas veces aparece como un lento cadejos, otras como una perversa segua. Ya no me asustan. Se como enfrentarlos. Confío en los funcionarios y en las funcionarias judiciales que aún actúan correctamente.

La escandalosa denuncia planteada por doña Iary Gómez y doña Paola Hernández, del Diario Extra, es parte del cataclismo institucional que afecta a ese poder del estado. En el Poder Judicial no debe haber nada turbio

Desde hace muchos años el eco de las más increíbles leyendas judiciales retumba en los zaguanes tribunalicios de todas las ciudades del país: El asesinato que protagonizó un secretario de la Corte y los favores que disfrutó para no cumplir su pena de cárcel. Unjuez tribunal de provincia que redujo las condenas a unos narcotraficantes y una mano peluda dejó que su caso prescribiera en casación y luego condenaron al Estado a indemnizarlo. Un magistrado relacionado con el asesinato de un indigente en el barrio Esquivel Bonilla y la investigación judicial fue un relajo. La renuncia forzada y silenciosa de un importante funcionario que pagaba servicios sexuales con cheques sin fondos. La escogencia de un juez para que atendiera un juicio de pocas semanas y volvió a su puesto anterior porque no le gustó la judicatura. El nombramiento de una guapa jueza laboral muy amiga de uno de los poderosos de la cúpula. Un funcionario de la secretaría de la Corte que cobró una comisión para gestionar una excarcelación de un preso. La extraña prescripción de una queja contra una jueza denunciada por sus propios compañeros conjueces. El pestilente negocio de las consultorías extranjeras que ha enriquecido a unos pocos de la argolla cortesana y la Corte no ha querido investigar. Los horarios ridículos que cumplen algunos funcionarios judiciales. La irresponsabilidad de un juez de casación que renunció y dejó más de un centenar de expedientes sin resolver.

El letrado de una sala de casación que ofrecía -en la web- la hechura de recursos a sus dos colegas que él mismo pudo haber resuelto. Los mil convictos condenados a más de tres años de prisión que el Poder Judicial ha sido incapaz de hacer que cumplan sus penas. El turbio destino de los millonarios intereses de los depósitos judiciales pertenecientes a terceros. La redacción de importantes sentencias por parte de letrados que no pueden ser recusados por su anonimato. El gigantesco porcentaje de causas penales que no obtienen respuesta judicial. Y la lista podría llenar más y más renglones… El Templo de Temis tiene columnas de vidrio y en él no puede haber nada oculto para la sociedad civil. Laprensa es la responsable de limpiar a diario esos cristales, para que el pueblo pueda observar con transparencia. Lo contrario corrompería la república y la democracia sucumbiría.

Prensa, secreto y justicia

La Corte y el OIJ tienen oficinas de prensa y cuentan con profesionales calificados para mantener la imagen de ese poder y de sus jerarcas, así como para informar sobre los acaecimientos de interés público y mediático. Ahora cuentan hasta con expertos en control y seguimiento de redes sociales, quienes informan a sus jerarcas y responden de inmediato. Velar por la reputación judicial es su trabajo. Pero de ahí, a fotografiar colegas para “ficharlos”, es inaudito y repudiable.

Aunque la ley establece que los procesos penales en su fase de investigación son secretos, constantemente vemos que las mismas autoridades, ante la realidad social y periodística, no pueden acatar esa norma a rajatabla.

El numeral 295 del Código del Código Procesal Penal dispone que “el procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes. (…) Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave”.

Eso quiere decir que desde que se produce un delito todo es secreto. Todo. La ley no hace excepciones. Desde el levantamiento del cadáver en un homicidio, la medida cautelar impuesta, los detalles del crimen, los allanamientos, las detenciones y cualesquiera otras circunstancias; hasta la celebración de  la audiencia preliminar, que es privada. Ni el público ni la prensa pueden ingresar a los estrados en ese momento. Pero a cada instante la prensa informa sobre esas noticias.

La realidad y la práctica son muy distintas de la normativa procesal vigente desde 1998. Los periodistas y los altos funcionarios judiciales informan constantemente a los medios de comunicación. Aparecen ante los periodistas como voceros institucionales o brindan información a través de innumerables comunicados de prensa. Es más, los magistrados tienen su marmórea sala de conferencias de prensa y el director del OIJ las realiza frente a su pantalla de plasma. La lucha diaria de los suceseros por obtener la primicia judicial o policial es inherente a la praxis periodística. Existen centenares de ejemplos de estas preseas. La foto exclusiva del secuestrador Julio Loco besándose con su víctima germana en 1995, aparecida sólo en un periódico. Las declaraciones de los imputados en los megacasos que aparecían en un medio, porque un inefable fiscal tenía sus preferencias. Y no pasaba nada. Era parte del juego democrático mediático. A nadie investigaban, a nadie sancionaron. ¿O será que los periodistas se enteran de los allanamientos porque hay una soplona que los llama a sus celulares y las avisa para que transmitan en directo hasta en el horario del noticiero?

Espiaron a un reportero

Husmear en la intimidad de una persona -sin razón ética alguna- es gravísimo. No hay discusión. Samuelear siempre es ruin e inaceptable para cualquier ciudadano y peor aún si se trata de un funcionario público. Espiar la vida privada y la actividad profesional de un periodista, por el simple hecho de ser reportero es antijurídico a inmoral. Eso es propio de los regímenes totalitarios.

Si fue lograda una orden judicial para obtener los datos de las llamadas entrantes y salientes del teléfono de un periodista, el funcionario que los solicitó debió estar muy seguro de la gravedad de la imputación y del ámbito jurídico que cubre el ejercicio del periodismo. Y el Juez que la permitió, con mucha más razón. Lo contrario sería inconstitucional y absurdo desde la perspectiva de la más elemental hermenéutica jurídica, a la luz de los derechos humanos y de los principios republicanos que informan nuestro estado social de derecho.

Nuestra Carta Magna en su artículo 24 establece: “Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. (…) Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial.”

Ni daño ni delito

Divulgar noticias veraces y que no causen daño alguno, no es delito. Ni puede serlo jamás. El tipo penal de la divulgación de secretos está previsto por el artículo 203 del Código Penal y es muy claro: “Será reprimido con prisión de un mes a un año o de treinta a cien días multa, el que teniendo noticias por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revele sin justa causa. Si se tratare de un funcionario público o un profesional se impondrá, además inhabilitación para el ejercicio de cargos y oficios públicos, o de profesiones titulares, de seis meses a dos años”. Entonces: ¿Qué fue lo que pasó?

Desafío judicial

Importante reto tiene ahora la Corte Suprema de Justicia. Crucial compromiso asumen las señoras magistradas y los señores magistrados frente a la ciudadanía costarricense y ante la prensa del mundo entero. La investigación no deberá constreñirse únicamente a los aspectos disciplinarios. No se trata de la fácil determinación de las faltas laborales en que incurrieron los personajes que participaron en esa obra del teatro negro judicial, o nada más podremos ver las grandes sombras detrás de las siluetas evidentes de los protagonistas directos. Siempre y cuando el eclipse de la prescripción no esté en el calendario político. Es menester ir más allá del nivel superficial de algunos informes semejantes. Es indispensable que la Corte Plena analice con rigor la responsabilidad organizacional y en especial los orígenes de ese putrefacto brote de terrorismo estatal, que va más allá de la voluntad de aterrorizar a una funcionaria y samuelear a un reportero.

 La morbosidad jamás ha de ser el motivo de ninguna pesquisa que pringue el libre ejercicio de los más elementales derechos ciudadanos. Invertir decenas de horas (de los equipos altamente especializados para combatir a la mafia y al hampa) para averiguar la vida íntima y profesional de un comunicador, elaborar matrices y redes de contactos y buscar con deleite lascivo cualquier nexo periodístico o privado, es reprochable desde todo punto de vista y así deberá ser señalado, sin tapujos, sin recovecos.

Veintidós togas magistrales, derechos humanos y democracia

El Poder Judicial nos debe una explicación pronta, clara y profunda. La Corte Plena y el Consejo Superior del Poder Judicial no pueden dejar pasar meses y meses para informar detalladamente. Los recursos con que cuentan las magistradas y los magistrados son suficientes para que la sociedad costarricense reciba, en pocas semanas, una respuesta adecuada. Las veintidós personas que hoy lucen las togas magistrales, tienen en sus manos la defensa de los derechos humanos y el destino democrático de Costa Rica. ¡Nonos defrauden!

San José, 20 de enero del 2014.