La torcida enseñanza del Derecho

Lo sabíamos perfectamente desde hace más de quince años. A mediados de 1999 encontramos una universidad tugurio, que había graduado más de seiscientos licenciados en derecho, en menos de dos años de fundada. Era el inicio del cataclismo académico del Derecho Costarricense, que aún no acaba. Un poderoso profesor chileno se había convertido en su rector y firmaba diplomas baratos, a siniestra y siniestra. Sin ser abogado, él participaba en decenas de tribunales de tesis, de todas las especialidades del Derecho. Hubo un egresado de esa pocilga de “estudios superiores”, que, con sólo un semestre de graduado, formó parte de muchísimos tribunales de grado, en más de 15 ramas del saber legal. Algunas de esas tesis fuero famosas, pero la peor de todas fue una descarada apología de la pornografía infantil homosexual, con la inconfundible rúbrica de aquel innombrable rector. Su pervertido autor fue atrapado como cabecilla de una banda de pedófilos y lo condenaron a veinte años de cárcel y el Colegio lo suspendió por ese lapso.

La junta directiva Colegio de Abogados, que presidí del 2001-2001, impulsó una férrea campaña contra la corrupción universitaria. Descubrí un grupo de veinte estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica que, por temor a un mal anunciado examen de incorporación, compraron sus diplomas de licenciados en esa innombrable universidad tugurio. Los resultados de la investigación fueron puestos en conocimiento de la decana y del rector Macay, pero ni ellos, ni la asociación de estudiantes, ni autoridad alguna de mi Alma Mater hizo nada. Semejante inmoralidad estudiantil no provocó ni un parpadeo en los togados del campus Rodrigo Facio. Ya veinticinco años atrás se había escrito una de las páginas más apestosas de la enseñanza del Derecho en Costa Rica, la tómbola politiquera propiciada por un consejo de facultad que regaló un centenar de licenciaturas a un grupo de perezosos que nunca hizo su trabajo de graduación. La corrupción en la enseñanza del Derecho inició en una universidad estatal. No hay duda.

Al iniciar la educación universitaria privada en 1975, quienes entonces no superaban el examen de admisión de la UCR, encontraron otra opción para estudiar Derecho. En julio de 1983 se incorporaron los primeros abogados salidos de una universidad privada. Entonces éramos 2570 miembros inscritos en nuestro Colegio. En aquello años, el foro nacional crecía a un promedio de cien nuevos profesionales al año.

Las escuelas de Derecho siguieron multiplicándose irresponsablemente. A principios de este siglo hubo un pedante funcionario judicial que llegó a establecer el récord de dar clases en nueve universidades, al mismo tiempo. Hoy día suman treinta universidades, las autorizadas por el CONESUP para impartir nuestra carrera y con no sé cuántas decenas de sedes, por todo el territorio nacional. Recuerdo que, en el año 2000, descubrimos en la ciudad de Cañas, una sucursal universitaria que funcionaba en una antigua caballeriza. Y no es metáfora, ni broma.
Quince años han pasado, para superar el sabotaje al examen de incorporación perpetrado por un gallardo egresado de la misma universidad tugurio, hecho abogado por una absurda y politiquera orden de la Sala Cuarta. Lo mágico de este cuento surrealista es que mientras era diputado y jefe de fracción, estudió toda su carrera y escribió su tesis, a medias con su asistente parlamentario.

Ahora se incorporan cada mes, los mismos que hace tres decenios lo hacían por año. Somos el país con la tasa de abogados por cien mil habitantes más alta del mundo. Tenemos la administración de justicia y la administración pública plagadas de mediocridad, de falta de conocimientos y de una galopante corrupción. El daño causado a la sociedad civil con miles de pseudojuristas todavía no lo hemos dictaminado.

Ahí están los primeros resultados de las pruebas del Colegio de Abogados y Abogadas. Devastadores. Miserables. Siete de cada diez aspirantes fracasaron. El desmadre de las universidades tugurio ha sido develado. Solo el treinta por ciento de los egresados de esas treinta universidades poseen los conocimientos rudimentarios para empezar a ejercer la abogacía.

La corrupción universitaria, como cualquier clase de corrupción, siempre surge en pareja: el corrupto y el corruptor. Si los mercaderes académicos engañaron durante cuatro años al estudiante, pues hay un timador y un timado. El CONESUP y el Ministerio de Educación han sido los grandes cómplices de los corruptos y de los estafadores. Ojalá que la Sala Cuarta no se atreva a derribar este valladar del relajo criollo.