Desastre en el arsenal nacional

El pasado lunes, Don Fernando Berrocal, ministro de seguridad pública, personalmente denunció ante el Fiscal General, un faltante de armas acaecido en el Arsenal Nacional.

Ese mismo día, en la zona atlántica, una delegación policial fue despojada de parte de su armamento… simplemente fueron sustraídas de esa armería de la Fuerza Pública, quince armas orgánicas, algunas pistolas y cierta cantidad de munición. Estos hechos son muy graves y por supuesto merecen una profunda pesquisa por parte de las autoridades de la fiscalía y del mismo ministerio afectado.

Hace doce años, también detectamos gravísimas irregularidades en cuanto a la custodia de las armas del Estado. El desastre no tenía parangón. En el cuatrienio anterior el arsenal nacional había funcionado en varias bodegas y por último lo encontramos en un edificio en pésimas condiciones, en la Sección Aérea, en el aeropuerto Juan Santa María. El desorden y el descuido eran indescriptibles, como sucedía en la mayoría de las dependencias de ese ministerio.

En 1994 logramos la aprobación de la ley general de policía y en 1995 la de la ley de armas y explosivos, normas que permitieron iniciar el proceso de reorganización de la Fuerza Pública y ordenar lo atinente a las armas, tanto en manos del gobierno como de los particulares. Por aquella época existían la guardia civil y la guardia de asistencia rural, con estructuras absolutamente separadas y al mando de dos ministerios diferentes, circunstancias que generaban una enorme descoordinación y un inaceptable desperdicio de recursos.

En buena parte, gracias a esa nueva legislación, se establecieron mecanismos de control sobre la custodia, manejo y uso del armamento nacional. A pesar de la falta de recursos financieros, el arsenal se ubicó en las mejores instalaciones con la que contaba entonces el ministerio y fue implantado un sistema de inventario adecuado.

Ha pasado mucho tiempo, y probablemente en estos largos años, las autoridades que han estado al frente de ese ministerio, lograron mayores avances, una edificación moderna para el arsenal y sistemas de control de los inventarios altamente eficientes. El Director General de Armamento, en cumplimiento de la ley ha informado todos los años sobre las existencias a la Contraloría y al iniciar el nuevo gobierno también ha entregado el inventario completo al nuevo jerarca de esa cartera.

El esfuerzo que hicimos, en aquellos días, para dotar a la policía de armamento moderno y de suficiente munición, provocó un tremendo alboroto llorentino. Los infundados escándalos desatados en torno al tema de las armas, demostraron la práctica antiperiodística y charlatana de quienes imprimen la versión retorcida de la historia.. No sabemos que ha pasado en todo este período, pero no hay discusión en cuanto a que si realmente se aplicara la ley, la mayor parte del obsoleto armamento de la Fuerza Pública, debería pasar al museo.

Afortunadamente, suponemos, durante el último decenio, las autoridades que rigieron la seguridad pública, procuraron la más elevada fiscalización de las armas gubernamentales y realizaron las adquisiciones de armamento y munición, indispensables para el buen desempeño policial… de no ser así, llama la atención que los hechos se repitan.