El desafío de la policía

El artículo 12 de la Constitución (1949) dice: “Se proscribe el Ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias. (…)”

Desde el 7 de mayo de 1974, cuando el presidente Figueres Ferrer firmó la Ley orgánica del Organismo de Investigación Judicial, se separaron legal y políticamente las funciones preventivas y represivas de la policía costarricense… hace 32 años.

En la exposición de motivos de esta ley, leemos: “… es menester dejar bien claro que la creación de la Policía Judicial no es un mero asunto de mayor o menor confianza en los funcionarios administrativos que hoy están en la Dirección de Investigaciones Criminales; es una cuestión de carácter institucional, que obedece a la necesidad de que los jueces tengan un auxiliar técnico, que esté bajo las órdenes durante toda la tramitación del proceso…”

Veinte años después, el 26 de mayo de 1994, el presidente Figueres Olsen rubricó la Ley general de policía, que en su artículo primero dispone: “El Estado garantizará la seguridad pública, sin perjuicio de lo estipulado en el Título IV de la presente Ley. Al Presidente de la República y al ministro del ramo, les corresponde tomar las medidas necesarias para garantizar el orden, la defensa y la seguridad del país, así como las que aseguren la tranquilidad y el libre disfrute de las libertades públicas”.

A partir de enero de 1998, la policía judicial opera bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

El reglamento de organización del Ministerio de Seguridad Pública, del 1 de diciembre del 2004, enuncia como uno de los principios de la doctrina de seguridad vigente: “ d) La configuración del modelo de proximidad policial basado en los siguientes aspectos: máxima descentralización, alta especialización, oposición a la estanqueidad, subsidiariedad, total asimetría, óptima adaptación a la demanda, proximidad al ciudadano, adaptabilidad y ausencia de rigidez”.

Así ha evolucionado la policía en nuestro país, con un esquema muy particular, divorciado de la realidad e incapaz de dar respuesta a las verdaderas necesidades de los ciudadanos.

El desafío que enfrentamos, con el incremento de la criminalidad, la innegable impunidad y crecimiento de la violencia, exige un análisis exhaustivo de las organizaciones policiales existentes, la elaboración de una doctrina nacional, sin calcarla de ningún otro país, así como el diseño y puesta en marcha de una política criminal adecuada.

La situación actual está repleta de signos y señales que hacen ver que mientras la crisis se profundiza, la respuesta de las autoridades es insuficiente y las víctimas del hampa, incluidos los policías, se multiplican día a día… mientras ningún partido político se interesa en abordar este problema, con seriedad y rigor.