Justicia: ¿fábrica o templo?

Dentro de la vorágine en que se revuelve la Corte Suprema de Justicia, es muy difícil observar con claridad la magnitud de la crisis que la erosiona día a día. Las veintidós togas magistrales giran azarosamente en los constantes remolinos mediáticos que siguen sorprendiendo a la ciudadanía.

Los escándalos han sido huracanados: del culebrón pasional de un exmagistrado al desbarajuste del fondo de pensiones; del  colapso de la administración de justicia a los miles de millones para la cúpula y sus anónimos letrados; de la injusticia lenta e incumplida a las maniobras financieras con fondos de los ciudadanos; de un juez autor de un conato de asesinato de un colega,  hasta un juez asesinado en una cantina; de la cruel tardanza de los procesos a la tremenda impunidad penal. El prestigio judicial se desvanece semana a semana y la desconfianza de “los usuarios” se multiplica cada día más  y más.

No se trata de una coyuntura temporal o de circunstancias aisladas. Es parte del colapso general del Estado y del maremoto político que crece silenciosamente en la conciencia de nuestro pueblo, ahíto de politiquería, mediocridad y corrupción. El tifón de la judicialización ha hecho estragos en nuestra República. Un superpoder judicial  no es sano para la nación.Un megapoder que concentra funciones policiales, legislativas y judiciales es siempre contrario a la democracia.

Costa Rica, nuestra pequeña y amada Patria, tiene el poder judicial más poderoso del mundo. Es el único que contiene el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la policía judicial, la defensa pública,  los laboratorios forenses y el departamento de medicina legal. Tanto poder concentrado en veintidós funcionarios -prácticamente vitalicios, pues a muy pocos no les duele jubilarse, y elegidos por cincuenta y siete diputados-, es malsano y contraproducente.

Ni el presidente de la República, ni el presidente de la Asamblea Legislativa, tienen el poder que ostenta la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Hay una asimetría absoluta que carcome las bases de lo que aún queda del añejo Estado costarricense.

La poderosa casta magistral se ha convertido en el principal fogón del incendio institucional que consume la confianza pública en los Supremos Poderes.

La justicia criolla, representada por su mímico y tostado emblema, cada instante está más lejos del clamor nacional.  El mítico blasón de “Justicia pronta y cumplida”  fue borrado de la misma Carta Magna.  Basta mirar los cinco años que tomaron a los jueces y fiscales para juzgar un caso de robo de una vaca, que valía trescientos cincuenta mil colones.

La justicia es entendida por la clase política, incluidos muchos magistrados, como una fábrica de sentencias, buenas y malas, que empujan a los ciudadanos hacia la resolución alternativa de conflictos:  los ricos por los arbitrajes, algunos por la mediación, otros por el linchamiento y los mafiosos por los ajusticiamientos.

Los magistrados y las magistradas deben recapacitar, algunos deberían jubilarse ya y otros tienen el deber de reinventar la justicia, de salir del remolino de la irresponsabilidad y de construir un nuevo Templo para la diosa Temis.