Autonomía para el Ministerio Público

En la primera sesión del año de la Corte Plena, el Fiscal General don Jorge Chavarría, le puso el cascabel al gato.  Pidió desentralización máxima para el Ministerio Público. Excelente, pero podemos avanzar más.  Uno solo de los ejemplos que planteó el licenciado Chavarría ante los magistrados fue como un dardo: las estadísticas judiciales se hacen para satisfacer los intereses magistrales y de nada le sirven a la Fiscalía. Eso es así y lo hemos dicho desde hace mucho tiempo y los probamos cada años con el impunómetro.

La situación criminológica de nuestro país sigue siendo muy grave y ningún partido politico tiene el más leve interés en buscar soluciones estratégicas, ni en plantear reformas urgentes, ni siquiera en discutir sobre la realidad criminal. El nivel de impunidad es altísimo,  aunque la cúpula política judicial lo oculte afanosamente.

El sistema de control social está colapsado, basta saber que la Corte Suprema de Justicia ha sido incapaz de capturar y encarcelar a mil delincuentes condenados por los tribunales a más de tres años de prisión, con sentencia firme. Nadie da explicaciones.

El sétimo decenio del siglo pasado marcó un hito en la historia de la politica criminal costarricense, que no ha sido superado. En 1970 cambiamos el Código Penal por el Código Penal Tipo Latinoamericano, cuyo principal promotor fue Sebastián Soler y en Costa Rica el doctor Padilla Castro.   Esa añeja ley aún está vigente a pesar de sus  cuarenta reformas legislativas.  Un día antes de que don Pepe Figueres acabará su última presidencia, el 7 de mayo de 1974, la Ley Orgánica del OIJ  fue publicada en La Gaceta. Don Pepe la vetó y la Asamblea Legislativa la reselló.  En 1975 promulgamos el Código de Procedimientos Penales, que se aplicó hasta diciembre de 1998, basado en el Código de Córdoba, Argentina, obra de Alfredo Vélez Mariconde y promovido por los magistrados de la Sala de Casación Penal, especialmente por Hugo Porter. De 1974 a 1978 en el gobierno de Daniel Oduber se impulsó la gran reforma penitenciaria, con la participación del doctor Gerardo Rodríguez Echeverría.  En 1979 fue clausurada la Peni.

En la administración Figueres Olsen trabajamos por la actualización de las leyes penales y policiales.  En mayo de 1994 estrenamos la Ley General de Policía, en diciembre de 1994 presentamos un proyecto de reformas urgentes, saboteado por Alvarez Desanti.  En ese periodo fueron aprobadas otras tres leyes (Código Procesal Penal, Orgánica del Ministerio Público y Justicia Penal Juvenil) que han sido perjudiciales para la sociedad costarricense. Ahí están los resultados de 15 años.

El Ministerio Público es una columna vital de la República y debe tener la estructura que se merece, el financiamiento que require y el poder indispensable para ejercer la persecución penal sin restricciones.

El avance que propone el jefe del M.P. es muy importante y merece nuestro apoyo.  Ojalá sea el arranque de un debate nacional, iniciado por la propuesta fiscal y basado en la realidad costarricense.

El Poder Judicial debe dejar su prolongada función incubadora y dedicarse a su función vital: la administración de justicia.  No es sano para la democracia tanto poder en manos de la cúpula política judicial. Y menos sano sería el Ministerio Público en el Poder Ejecutivo, jamás.   Veamos la estructura de la Contralía y aprendamos.  Vea la oficina de la contralora y vea la del fiscal general.

La Defensa Pública debe pasar a la Defensoría de los Habitantes. La policía judicial debe ser parte del Ministerio Público. El Departamento de Medicina Legal y los Laboratorios Forenses han de convertirse en el Instituto de Ciencas Forenses, adscrito al CONARE.

Son apenas los primeros pasos para diseñar un Poder Judicial dedicado a lo que le corresponde para obtener una mejor justicia penal.