EL CORRONGO TEOREMA DEL PRESUPUESTO JUDICIAL

El miércoles pasado, los voceros y las voceras principales del Poder Judicial, posaron  con sus mejores galas, en la sala de mármol marrón,  para cumplir con el rito anual de la plañidera presupuestaria.  Las fiestas patrias coinciden desde hace mucho tiempo con las sorpresas del presupuesto de la república, presentado por el gobierno al parlamento, y esta vez no fue la excepción.

Las prensa acudió, como siempre, para escuchar a los jerarcas de la Corte Suprema de Justicia, de la Defensa Pública, del OIJ y del Ministerio Público, plantear sus reclamos ante los otros dos Poderes del Estado, por el “recorte” de todos los setiembres que propician las tijeras de la crisis fiscal.

El presupuesto del Poder Judicial supera los cuatrocientos mil millones de colones; es el segundo renglón de gastos del presupuesto nacional. Sólo lo supera el Ministerio de Educación.  Y es obvio, pues para nuestro país son vitales la enseñanza y la justicia, a las que destinamos muchísimos miles de millones de los impuestos que pagamos los costarricenses.

La justicia es el pilar esencial de la democracia. No hay discusión. La justicia merece todo el respaldo político y económico de nuestros diputados. Eso es así y nadie lo discute.

Pero, los dineros del pueblo no pueden ser despilfarrados, ni siquiera administrados descuidadamente. Las damas y los caballeros con togas magistrales, usan un ábaco que sólo suma para adentro.  La Corte planteó una verdad demostrable: “la justicia es imprescindible para el Estado de Derecho”.  Cierto. Sin embargo, parte de un supuesto erróneo, la administración de justicia no está obligada a elevar su eficiencia y a cumplir con su deber de “Justicia pronta y cumplida”.

Mientras todas las veintidós butacas de la Corte Plena, no estén ocupadas por damas y caballeros que garanticen y vigilen el cumplimiento de la justicia para todos, de manera pronta y eficaz, no es posible que las cincuenta y siete curules de Cuesta de Moras, sean las mudas cómplices de la incapacidad y de falta de creatividad de un Poder Judicial, donde el verticalismo, los salarios estrambóticos de unos pocos y la falta de compromiso con la sociedad civil ahíta de injusticias, adornan el carrusel de la confortable tranquilidad de los sumos sacerdotes y sacerdotisas del Templo de Temis.

La elefantiasis institucional que carcome al Poder Judicial es responsabilidad de todos los políticos de Costa Rica, quienes han creado un paquidermo organizacional marcado por algunas llagas: la tremenda impunidad en los casos penales, la lentitud en los procesos laborales, en los pleitos de familia, en los litigios cobratorios, con una inspección judicial atrofiada, con una policía maniatada, con una defensa pública que debería estar en la Defensoría de los habitantes y una Sala Constitucional, que, como en los países avanzados, tendría que estar fuera de cualquiera de los otros poderes.

Los señores y las señoras magistradas deben cargas las cuentas multicolores de la justicia pronta y cumplida, en el ábaco de su presupuesto.