Quince Años de Injusticias

Hace quince años estrenamos el Código Procesal Penal, obra y gracia de Luis Paulino Mora, José Manuel Arroyo y Francisco Dall´Anesse,  con el caro aporte de los expertos del cono sur. Legislación que no se aplica en ningún otro lugar del mundo, aunque sus promotores la han intentado implantar en otros países. La catástrofe ha sido evidente y la Corte Suprema de Justicia no se ha atrevido ha informar con claridad sobre las nefastas consecuencias para la Justicia Penal y para la sociedad civil costarricense. Sus propias y modestas estadísticas hablan solas.

Quince años de fracasos tremendos, que han costado miles de millones de colones a los contribuyentes –despilfarrados en un sistema inservible que genera impunidad para los delincuentes y frustración para las víctimas-  y sobre todo una  gravísima inseguridad a todo nivel y especialmente la profunda desconfianza que ha ido cosechando el Poder Judicial. Basta dar una mirada a las últimas encuestas de opinión publicadas en la prensa y los estudios de victamización elaborados por el INEC.

La sentencia anulada por el Tribunal de Apelaciones en el caso ICE-ALCATEL,  prueba de manera contundente la incapacidad sistemática de la justicia penal costarricense.  Hay muchísimos ejemplos de casos en donde se cometió la gran injusticia de absolver a los culpables,  no por su inocencia real sino por el incumplimiento de formalismos y recovecos impuestos por las normas promovidas por los mismos destructores del sistema de control social de nuestro país.

La reforma procesal penal, la reorganización del Ministerio Público y el desprecio exacerbado de los derechos de la sociedad y de la víctima,  han sido los factores fundamentales del resquebrajamiento de la seguridad pública y del fomento de la cultura del pillaje.  Los ladrones saben muy bien que el riesgo de ser condenados, si los atrapan, es de un dos por ciento. Y en los delitos de cuello blanco las cifras oficiales son ridículas.

Los imputados famosos y la gran mayoría de los costarricenses comprenden que lo único que hubo fue circo politiquero y mediático, con la actuación estelar del inefable fiscal general (entonces principal propagandista de la cúpula política judicial).  El mismo laberinto procesal creado por él,  dejando a la policía atada de pies y manos, repleto de vericuetos formalistas, los premio con la etiqueta de “inocentes” procesales. Ahí están los expedientes, ahí están los fallos, ahí está el irreparable daño social que ha causado ese sector de la clase política que viste toga y controla desde hace una eternidad la administración de justicia.

Quince años de errores que a última hora han querido enmendar con las apelaciones y con los juicios de flagrancia, que representan menos del cinco por ciento de los casos denunciados y condenan más de veinte  veces más imputados que en los debates ordinarios.  Aquí hay un dato que los políticos con toga ocultan -como los gatos bajo la alfombra- y merece una discusión mayor:  ¿Por qué existe una diferencia tan grande en condenas, entre estas dos clases de procesos penales?

Otra punta del frío témpano de la impunidad. Por una parte los tribunales de flagrancia condenaron alrededor del setenta por ciento  de los imputados, mientras los tribunales de juicio al tres por ciento.  Por cada condenado en los tribunales comunes hubo veintitrés en los de flagrancia.

Quince años perdidos. Quince años de injusticias. Quince años que la Corte Suprema de Justicia celebrará con grandes premios a la ineficiencia y con un millar de condenados a más de tres años de prisión, con sentencia firme, que aún no están en la cárcel…  por qué no hay campo…