Protección contra los delincuentes

Los ciudadanos y las ciudadanas, en una república realmente democrática, tenemos derechos y deberes, dentro de los que resaltan los derechos a la información y a la intimidad.

Todos estamos de acuerdo en esto, salvo un sector recalcitrante de cíclopes litográficos del etna llorentino. Ellos actúan como tira rayos entintados que dicen lo que les da la gana, mienten cuando se les antoja y desinforman a discreción.

En un país donde la criminalidad, nacional y extranjera, golpean a cada instante, produciendo miles de víctimas al mes, las policías carecen de los medios indispensables para prevenir y reprimir la delincuencia, la población tiene todo el derecho de estar debidamente informada, facultad indiscutible que conlleva la efectiva posibilidad de tener acceso a los datos suficientes para conocer a los delincuentes.

Todavía permanece en el ambiente, el debate sobre el circazo que montaron “las autoridades” cuando capturaron en la escalinata del avión al expresidente imputado, mientras en esos días y en estrados judiciales no dejaron tomar ni una sola foto al sanguinario asesino de la niñita Katya Vanessa.

Debe estar en funcionamiento una base de datos pública sobre deudores morosos, para que los acreedores estén al tanto del comportamiento crediticio de sus futuros “clientes”. Y es precisamente en los bancos donde insisten en la política de “conozca a su cliente” y cualquier movimiento sospechoso debe ser informado a los oficiales que controlan el lavado de dinero.

Todo esto está bien, pero no existen bases de datos públicas que permitan “conocer al vecino”. Todo lo contrario, la nefasta caterva de antisociales conformada por agresores de niñas y niñas, agresores de mujeres, asesinos, corruptos, asaltantes y narcotraficantes que han sido condenados penalmente –y que jamás se resocializarán- circulan tranquilamente, haciendo de las suyas, bajo el más injusto velo protector de la ley.

Ahora en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 15.178, se tramita el proyecto de “Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales”, con algunos aspectos interesantes y otros que merecen ser discutidos con cuidado, para no favorecer a los delincuentes.

Considera esta lege ferenda, como datos personales sensibles, los que revelen antecedentes delictivos (artículo 3,c). Aunque no es nada novedoso, porque la jurisprudencia los ha protegido, lo cierto es que este tema debe ser analizado a la luz de la realidad delincuencial que enfrentamos y con las limitaciones que tenemos, para determinar si las fechorías cometidas por las personas deben quedar ocultas bajo el candado del secreto legal.

Ciertamente el derecho a la información tiene como límites el honor y la intimidad, pero el derecho de los victimarios tiene que ceder ante el derecho de las victimas potenciales.

Se abrirá un importante debate sobre este tema y veremos de nuevo a los mismos que han propiciado la alcahuetería y el caos… esos que han declarado como secretas, por si y ante sí, las millonarias ganancias obtenidas con consultorías, a pesar de ser funcionarios públicos que ganan por dedicación exclusiva.