MUJERES QUE LLEVAN DROGA A LOS PRESOS

Los medios de comunicación han informado esta semana sobre dos juicios que se desarrollan en los tribunales de justicia penal, contra dos mujeres que intentaron  visitar a sus compañeros presos, llevando marihuana dentro de sus vaginas. Comportamiento que es conocido en las añejas leyendas de San Lucas y de La Peni. Ahora ellas se exponen a penas mínimas de ocho años de cárcel, según la ley de estupefacientes.

En diversos foros escuchamos posiciones de quienes creen que esa conducta específica debe ser despenalizada.   Este gobierno otorgó varios indultos en agosto pasado a varias condenadas. Los fantasmas descubiertos por el magistrado Carlos Chinchilla introdujeron en el proyecto de ley de brazaletes electrónicos, su aplicación a condenadas por ese delito.

Nuestras prisiones conocidas tropicalmente como centros de atención institucional, tienen los recursos –y podrían mejorarlos- para impedir el ingreso de drogas prohibidas, prueba de esto son los casos de que hablamos y decenas más ya resueltos.  En El Buen Pastor hay muchas mujeres cumpliendo sus condenas por este delito.

Este asunto compete a la política criminal y nuestros dirigentes deberían atreverse a hablar claro. ¿Qué logra la sociedad costarricense con encarcelar tantos años a una madre, que por amor o por miedo incurrió en ese crimen?  ¿Qué pasa con los hijos de esa dama delincuente que quedan abandonados?   Al final deberíamos medir el costo social de la aplicación de esa ley y contar con estudios que permitan conocer el efecto en esos chiquitos que pasaron muchos años sin su madre y probablemente sin su padre.

El criterio,que debe regir la política criminal democrática es muy simple y claro: Cada quien debe responder plenamente por sus actuaciones.  Hay conductas antisociales que deben ser perseguidas y reprimidas por el aparato de control social, pero la determinación de las conductas prohibidas debe ser efectuada con profundo rigor e igual sensatez.

La justicia penal costarricense es una gran pantomima, que cuesta mucho dinero pagado por los contribuyentes: apenas lograr resolver una décima parte de los casos denunciados, cuando condena a un delincuente a veces no logra encarcelarlo (hay 1000 condenados a prisión en las  calles) y lo peor es que los tribunales imponen una sanción que nunca se cumple, porque el sistema penintenciario  la  reduce a la mitad o a menos.  Los políticos deberían tener las agallas de establecer penas que se cumplan completamente, de la mitad de las actuales, salvo contadas excepciones.

El gobierno o cualquier diputado puede proponer una ley que despenalice la conducta de intentar introducir droga a una cárcel. Eso si, deberá existir una norma que impida visitar prisiones por veinte años a quien atrapen desplegando esa conducta.