LADRONES, BASUREOS Y CABLES

En el título de este comentario falta un componente. Sucede algo así como “Los tres mosqueteros”, que eran cuatro y no tres.  Falta el topador, el encubridor, el sociópata disfrazado de empresario o de industrial del reciclaje.

Esta semana, La Municipalidad de San José divulgó la noticia sobre el robo de mil ochenta basureros de metal, otrora ubicados en las aceras de la capital– hoy convertida en un asqueroso basurero – y aún no han desaparecido los setecientos veinte restantes. Cada recipiente azul cuesta treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y un colones y las pérdidas del municipio por esas sustracciones ascienden a treinta y siete millones de colones.

El año pasado, el Instituto Costarricense de Electricidad anunció que el robo de cables telefónicos significó una pérdida de seiscientos noventa millones de colones. Algunos de estos casos reportados por la prensa, fueron tragicómicos pues culminaron con un ratero electrocutado.

No requerimos profundas pesquisas policiales o sabias elucubraciones criminológicas para desentrañar la realidad delictiva en la que acaecen esos robos. Decenas de rateros individuales y drogadictos, hasta unas pocas bancas organizadas con camiones  e informantes,  son los encargados de arrancar los cables y los basureros. Los ladrones los entregaran a los intermediarios y éstos a los compradores finales.  Eso lo sabe y lo entiende cualquier persona y se refiere a la mitad de ese criminal negocio.  La segunda parte es la más  sencilla. Algunas empresas de fundición de metales compran (muy baratos) los cables del ICE, los basureros municipales, las placas de los monumentos y cualquier chunche que huela a metal.

Estamos frente a un delito de dos o tres niveles:  El ladrón que se apodera del cable o del basurero. El primer encubridor –el intermediario- que pagó los bienes mal habidos  con unos pocos colones o con unas piedras de crack, quien a su vez gana un porcentaje cuando lo vende al fundidor, quien asumen el rol de segundo encubridor en ese caso o de primero cuando recibe el metal robado directamente de manos del pillo.

Nuestro Código Penal, en su artículo 331, castiga el delito de receptación de cosas de procedencia sospechosa con pena de seis meses a cuatro años. Este es una los pocos delitos a los que hay que aumentar los rangos de las penas, al menos de cuatro a siete años, para asegurar que jamás obtengan la ejecución condicional.

El cuarto y oscuro personaje de estos delitos, es un empresario que compra metales robados y baratos, los funde y gana mucho dinero.

Otro dato que no debemos pasar por alto es la ínfima tasa del dos porciento promedio de condenas penales, en robos y  en los últimos diez años.  Las sentencias condenatorias llegan al dos por ciento de los casos de robo denunciados, que se refleja a un noventa y ocho por ciento de casos sin la debida respuesta judicial.

Las policías no pueden actuar porque la ley procesal penal y administración de justicia penal las tiene maniatadas.  Las fiscalías están amodorradas y cansadas. Los tribunales sólo condenan al tres por cientos de todos los delincuentes denunciados anualmente.

Amén del ajuste penitenciario del delito de receptación, (es imprescindible atacar a los delincuentes con finura y respeto a los Derechos Humanos) debemos actuar con mayor agilidad y eficiencia.

Es más simple y más barato asignar patrullas policiales frente a las fundidores y compraventas, durante las veinticuatro horas de los siete días de la semana.   Revisarán en la vía pública todos los vehículos y personas que intentes ingresar a esos inmuebles.  El que porte cable del ICE o basureros municipales es al menos un receptador y si los fundidores lo compran también lo son.

Y todos esos dañinos topadores para la cárcel…pero con vigilancia especial para que no se roben las rejas.

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