PRUEBA ESPURIA E IMPUNIDAD… IMPUNIDAD…IMPUNIDAD

Estamos ahítos de tanta alcahuetería. Estamos hartos de las repetidas pantomimas judiciales.  Estamos cansados de ver, a diario, las noticias sobre las sentencias que libran de responsabilidad a los corruptos y a los agresores.

Esta semana vivimos el pavor causado por una recua de endemoniados pachucos que ensució con violencia, malacrianza y estúpido fanatismo las graderías de estadio nacional. La Fuerza Pública detuvo varias decenas de esos antisociales -debidamente identificados en los videos, mientras consumaban sus fechorías- que presentaron ante las autoridades judiciales y,como siempre, los dejaron libres.

Uno de los megacasos que hicieron famoso y casi magistrado al “procuratore generale ineffabile” ha sido sobreseído, por la misma razón que fueron absueltos otros expedientes de corrupción y muerte: Pruebas documentales espurias (y extranjeras). Las probanzas documentales malhabidas en Panamá, en Colombia y en Inglaterra fueron los frutos prohibidos que pudrieron el contendido de la canasta probatoria de estos casos y se derrumbaron.

De la otra fallida causa brotó el dicho forense de “prueba panameñizada”, prueba podrida, prueba inservible, que deja sin sustento las columnas fácticas de la acusación y hace que el caso se pulverice, para alegría de los sindicados y frustración de la sociedad civil.  No ha sido una vez, esta es la segunda con el mismo personaje y la tercera de la época del  mentado “procuratore”.

 El INS contrató para este caso, a un abogado externo, aunque en su planilla tiene gran cantidad de connotados juristas que acuden a diario a los estrados y cuenta entre sus jefes legales a una máster de derecho penal. Interesante. La querella presentada -según lo que conocemos de la sentencia- estaba mal hecha y la advertencia para corregirla fue despreciada. El tribunal la rechazó, como lo hizo con la acusación fiscal por el mismo defecto, los hechos según la juzgadora no eran claros, ni precisos, ni circunstanciados.  Veremos cuál fue el monto de los honorarios pagados por esa obra jurídica.  Y por si fuera poco ese instituto pagó más de cien millones de colones por las traducciones oficiales de esas pruebas inservibles y no han dicho cuántos millones giró por una querella y una acción civil inservibles.

Frente a estos gajes procesales hay dos posturas elementales:  Fue error del fiscal y del querellante o fue error del juzgador que declaró la invalidez de la prueba.   Si los acusadores fueron advertidos por el juez sobre los defectos de sus relaciones de hechos y no fueron corregidos, algo raro acaeció.  Y esto merece explicaciones de la presidenta de la Corte y del presidente del INS.

Lo más repugnante del desastre judicial imperante es el espectáculo que ofrecen los políticos a cargo de la justicia y de los seguros… Su escandaloso silencio.

Mientras escuchamos el eco de la gran mentira: “Soy inocente, no me probaron nada”, pregunto:

¿Quiénes fueron los profesionales en derecho que atendieron estas acusaciones?, ¿Quiénes eran los jefes que debieron supervisar esas labores?, ¿Cuáles fueron los errores que  todos cometieron?, ¿Por qué no los corrigieron?, ¿Cómo no se dieron cuenta?, ¿Cuánto ganaron en honorarios y salarios?, ¿Cuánto perdió el INS?

Y una pregunta más para doña Zarella Villanueva y don Guillermo Constenla:  ¿Qué van a decir y qué va a hacer?