La enseñanza del Derecho y la “Titulitis”

La educación nacional es uno de los cuatro grandes temas -siempre pendientes- de la Agenda Política. La educación costarricense es el mayor problema que afecta nuestra sociedad. La crisis del sistema educativo carcome aceleradamente las columnas de la república y hunde en la miseria a nuestro pueblo. La brecha cultural que nos separa de los países avanzados es profunda y cruel. El abismo que diferencia a los estudiantes de escuelas privadas y de escuelas públicas rurales es injusto. Los partidos políticos criollos, como siempre, no muestran ni el más mínimo interés en plantear siquiera un proyecto de reforma educativa.

La enseñanza superior privada está al garete. El Conesup no tiene, ni ha tenido recursos, para supervisar a las decenas de universidades privadas que funcionan en todo el territorio nacional.  Los políticos, una vez más y como siempre, no han procurado la organización y el financiamiento adecuado de ese ente supervisor. Mientras las actividades financieras cuentan con controles estrictos y una vigilancia de buen nivel, un sector de la educación  superior privada que “forma y prepara” a las nuevas generaciones de profesionales, está en manos de mercaderes inescrupulosos.

Hace doce años en el Colegio de Abogados emprendimos un proceso de análisis y denuncia de las irregularidades en la enseñanza del Derecho. El desastre era sorprendente. Descubrimos una universidad con nombre de santo y dirigida por un rector chileno, que graduó alrededor de seiscientos licenciados en derecho en menos de tres años. Detectamos casos tan graves como una tesis aprobada y a favor de la pornografía infantil homosexual, su autor luego fue atrapado en esos menesteres y resultó condenado a veinte años de cárcel. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, una decena de estudiantes lograron un título ese chinamo académico y ni el rector ni la decana les llamaron la atención.

Esa misma universidad “santa” confirió el título de licenciado en derecho a un diputado de entonces, que hizo la tesis con su asesor y la Sala Cuarta ordenó su incorporación.  Precisamente ese legislador se opuso al proyecto de ley para instaurar el examen de incorporación que presentamos –repito, hace doce años- todos los colegios profesionales de Costa Rica. Ahí quedó archivado en Cuesta de Moras.

En otra universidad matricularon a un muerto con un título de bachiller falso y así fue divulgado en un telenoticiario, con abundantes pruebas. La corrupción universitaria fue señalada con fuerza y claridad… y tanto tiempo después todo sigue peor.

La calidad de la enseñanza del derecho está por el suelo, salvo contadas y honrosas excepciones.  Basta observar los resultados de los exámenes de la Escuela Judicial y el nivel técnico y ético de una parte del foro nacional.

De todas maneras la moda actual es tener un título para ganar más, no importa cómo lo obtuvo o cuanto aprendió.