La paradoja de un juez penal

La paradoja de un juez penal

Compartí, el fin de semana pasado, una breve mesa redonda con un juez y un fiscal, dedicada a la administración de justicia penal.  Discutimos sobre la atención fiscal y tribunalicia de los delitos sexuales.

El fiscal planteó los retos que enfrentan en el órgano acusador, para investigar y perseguir a los abusadores sexuales, sobre todo a los “ciber-sátiros”.  Señaló con rigor los grandes peligros para nuestras niñas y nuestros niños con esta terrible estirpe de depredadores.

El juez de tribunal de juicio se blindó dentro del búnker de su propia paradoja. Su razonamiento fue impecablemente cuadrado y teñido de fría hermenéutica. Al juez le corresponde aplicar el derecho. Cierto.   El juez debe respetar los principios de legalidad y el de inocencia. Muy cierto.  El juez sólo puede condenar cuando hay pruebas suficientes y pertinentes. Absolutamente cierto. Culpable es sólo quien ha sido condenado por sentencia firma. Totalmente cierto. Hasta aquí no hay discusión y jamás he pensado lo contrario.

Reiteré mi posición sobre la inexcusable impunidad que impera en nuestro país, la urgente necesidad de dotar a la policía judicial de herramientas democráticas e inteligentes para investigar la criminalidad (especialmente la índole sexual), así como la apertura pública de la base de datos sobre los abusadores sexuales condenados. Los indicadores estadísticos de los últimos 16 años,  revelan la crisis que afecta al sistema, en esa clase de crímenes y en todos los demás.

Finalmente el juez y magistrado en potencia puso una amarga cereza en su pastel retórico: “Prefiero cien culpables en la calle que un inocente en la cárcel.”  Graciosamente falaz y paradójico. Sostener semejante conclusión trasluce una postura confortablemente burocrática y alejada de la realidad actual, social e histórica.

Un juez o algunos jueces que se conforman con ser piezas automáticas de la cadena de producción industrial de sentencias absolutorias y condenatorias, refleja la contundente “aurea mediocritas” de un sistema legal y judicial carcomido hasta sus raíces por la inexistencia de crítica jurídica y política y por la modorra de un Poder Judicial incapaz de reinventarse, para hacer efectivo no sólo el principio de inocencia, sino también para cumplir la orden constitucional de justicia pronta y cumplida.

Ni un inocente en la cárcel, ni un culpable en la calle. Son los jueces y los fiscales quienes deben alcanzar ese nivel de calidad profesional. Para eso los contribuyentes aportamos miles de millones de colones en impuestos, para cubrir los salarios de los funcionarios de Poder Judicial, todos obligados a administrar justicia por el recto sendero del cumplimiento de la responsabilidad profesional y el apego a la legalidad,  sin olvidar su compromiso pendiente con la sociedad ahíta de tantos cientos de “culpables” (sin condena) en la calle.

¿Dónde están los jueces que proponen proyectos de “lege ferenda” para mejorar la justicia penal?,  ¿Dónde están los jueces que se atreven a criticar un sistema trabado, que mes a mes les paga un magnífico salario?, ¿Dónde están los jueces que no se conforman con un Poder Judicial cada día más distante de la sociedad costarricense?, ¿Dónde están los artículos o los libros de los jueces y fiscales proponiendo soluciones al desastre judicial actual?