BRAZALETES, IMPUNIDAD Y VICTIMAS

Los políticos nunca han podido abordar, seriamente, la realidad delictiva y los graves problemas de inseguridad e impunidad que agobian a los costarricenses.  Los partidos políticos han sido incapaces de elaborar una agenda nacional de Política Criminal, que trace el rumbo correcto frente a la delincuencia y la victimización. Decenios de ocurrencias y parches legales, que van desde el aumento absurdo de las penas hasta la alcahuetería. Pequeños proyectos, algunas veces bien intencionados, que no definen la posición estatal frente a la sociedad, la víctima y el delincuente.

La Asamblea Legislativa está discutiendo el proyecto de “Ley de mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal”, expediente 17665, aparentemente, elaborado por el Ministerio de Justicia y la Defensa Pública. La Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse, en los próximos días,  y desde ya conocemos las posiciones encontradas entre los magistrados Chinchilla y Arroyo de la Sala Tercera.  Veremos que piensa la Corte Plena y cuánto le interesa la protección de las víctimas.

Las recientes declaraciones de los políticos han sido claras, el principal objetivo es bajar la población penitenciaria en varios miles de reos. Actitud irresponsable y peligrosa.  Según el proyecto,  colocarán un dispositivo electrónico al condenado (hasta 6 años de prisión) o al imputado con medidas cautelares. Adaptación Social llevará el control satelital del cumplimiento de las condiciones impuestas al sentenciado o al sindicado y las autoridades de policía deberán prestar su colaboración.

El sistema de brazaletes electrónicos funciona en otros países y podría ser aplicado, en ciertos casos, en el nuestro, cuando contemos con los recursos para el control eficaz de los beneficiados, pero abrir las puertas de la prisión a miles de condenados por toda clase de delitos, mientras sus condenas sean menores a seis años, es injusto y antisocial.

La futura ley señala, además, que esa medida alterna a la prisión podrá ser concedida “a la mujer condenada pena de hasta 6 años de prisión con hijos menores de edad o personas dependientes, siempre que primen razones de humanidad o en preservación del interés superior de la persona menor de edad”, sin tomar en cuenta el delito cometido y el daño social causado.

Los redactores del proyecto se olvidaron de las víctimas de esos delincuentes. No se toma parecer a la víctima. Simplemente si el imputado o el sentenciado reúne los requisitos –pena de hasta 6 años-, le otorgan el beneficio.  Tampoco interesan los antecedentes criminales del sujeto, sea reincidente o no, podría obtener la medida alterna para no ir a la cárcel.

Sería interesante conocer los estudios realizados por los proponentes del proyecto, donde debieron determinar la eficacia del dispositivo para impedir un nuevo ataque del portador del brazalete y, sobre todo, la capacidad de reacción de nuestra policía para actuar con la prontitud y éxito que la violación de las condiciones impuestas al delincuente “monitoreado” exige, para evitar la victimización.

Mientras los niveles de impunidad, en Costa Rica, sean del 90% de los denunciados, resulta extraño pensar que, con medidas de este tipo, el país va alcanzar una mejor situación en la seguridad pública.

Ojalá los diputados pongan atención y no abran las puertas de las cárceles a delincuentes que, con brazalete o sin él, seguirán causando un gran daño social.