Los políticos criollos le tienen pavor a la delincuencia

Lo dije el viernes pasado, lo he sostenido muchas veces desde hace decenios y hoy lo repito: ¡Los partidos políticos han sido incapaces de elaborar una agenda nacional de Política Criminal que trace el rumbo correcto frente a la delincuencia y la victimización!

La coyuntura actual demuestra esta realidad. Veamos:  El gobierno -el viceministro de Paz especialmente-, promueven una reforma a la ley de armas, con disposiciones surrealistas e irresponsables. El editorial de ayer de La Prensa Libre fue lapidario. Desarmarán a los ciudadanos decentes y a las víctimas, mientras los gobernantes son incapaces de desarmar al hampa. La Defensa Pública pretende abrir un boquete en las tapias carcelarias para liberar a varios miles de condenados (hasta 6 de prisión), con aparente apoyo de un sector del gobierno. El Poder Ejecutivo retiró el proyecto para utilizar brazaletes electrónicos en imputados y sentenciados, a la espera del pronunciamiento de la Corte Plena, claramente dividida como se vió en la sesión del lunes anterior. Los anuncios oficiales pintan un panorama de grandes avances en el campo de la seguridad pública, pero guardan silencio frente a la enorme impunidad y los mil delincuentes condenados a prisión que el Poder Judicial –oculta- y no ha podido capturar. Las noticias de estos días documentaron la cantidad de asaltos que sufren los pulperos y los demás pequeños comerciantes.

Si con las normas vigentes el Estado no puede capturar a mil sentenciados y hacerlos cumplir sus penas, cómo es posible que el nefasto movimiento abolicionista de la Corte (que tantos cientos de miles de dólares ha ganado con las oscuras consultorías internacionales) pretenda liberar a miles de criminales, que volverán a las calles a atacar a la población.  Veremos si la mayoría de los magistrados se atreven a apoyar semejante despropósito legislativo.

Los brazaletes electrónicos se utilizan en varios países, en casos especiales, pero en ninguno para sacar miles de pillos de las cárceles, porque los dirigentes del Estado no entienden que primero hay que construir más prisiones.

La regulación del uso de las armas es importante, no hay duda, pero las primeras reformas jurídicas deben dirigirse a restringir la mera portación de armas sin permiso, con sanciones severas, con procedimientos rápidos, con capacitación policial para que el acopio y custodia de las pruebas sea correcto.  Con sólo sacar de circulación, por algunos años, a cualquier maleante que porte un simple “chopo” o un pequeño revólver, observaremos como disminuirá la estadística de robos.

No se trata de aumentar las penas, como ha sucedido con algunas reformas al derecho penal costarricense. Eso también es irresponsable. De todas maneras en la mímica penitenciaria criolla, un tribunal impone treinta años y el condenado cumple doce o trece, o quizá hasta menos. Todos lo sabemos. Seamos sensatos: Rebajemos a la mitad todas las penas del cartabón penológico costarricenses –salvo pocas excepciones-, pero exijamos que se cumplan cabalmente.

Mientras los partidos y los mismos dirigentes políticos, no se atrevan a diseñar y poner en marcha una política criminal (de Estado) que defina claramente:  las reglas del juego democrático entre delincuentes, víctimas y sociedad civil; la clase de justicia penal que requiere el país; las características de nuestras policías y  los objetivos del sistema sancionatorio;  veremos nada más que ocurrencias politiqueras y parchecillos legales, que en muchas ocasiones  resultan contraproducentes.

Un asunto pendiente, casi tabú, que los políticos ni mencionan:  Ya es hora que el Ministerio Público y el OIJ, así como la Defensa Pública, salgan del Poder Judicial. ¡La incubación fue suficiente!