A los teoricazos del abolicionismo criollo

En un Estado Derecho todos los ciudadanos estamos protegido por las leyes y no sólo los delincuentes pueden gozar de garantías y derechos.

Lo contrario sería absurdo. Las víctimas -y sobre todo la sociedad- padecen a diario los ataques del hampa y de la mafia, mientras unos pocos altos funcionarios creen que no tienen derecho alguno. Ya los conocemos y en el aeropuerto los conocen más.

Ciertamente la criminalidad como objeto de estudio puede ser abordada en las aulas universitarias y en los foros de “expertos” desde muchas aristas. Desde las ideas de Lombroso hasta las tesis de moda de quienes chupan del negocio de los ultragarantistas-consultores internacionales. Los informes del PNUD han sido como un arco iris que se difumina en las nubes de los miles de dólares pagados a los consultores para levantar excusas que sirvan a la politiquería, como “la sensación de inseguridad” y “la miseria” como factor que impide resolver la crisis de inseguridad.

En los últimos quince años, con la llegada de los sabios procesalistas del cono sur, las maniobras de los teoricazos del abolicionismo criollo y el coro perenne de “expertos nacionales” que se han enriquecido con las turbias asesorías… la justicia costarricense ha sido desbaratada. El Código Procesal Penal como un magistrado repite en la Sala Tercera: “no sirve para nada”.

El discurso oficial sobre la delincuencia parte de la defensa del Estado de Derecho y el ataque al fantasma del totalitarismo y la represión, se basa en argumentos retorcidos y adobados con cifras falaces y concluye que la seguridad ciudadana no compete sólo al Poder Judicial.

Los trucos y trampas de esa posición han dejado una imborrable mancha de demagogia. Hace pocos años los poderosos magistrados de la Orden del Purisco sostuvieron en la prensa que la Corte Suprema de Justicia no tenía responsabilidad alguna en la seguridad ciudadana. Después se desdijeron. Y ahora esa obligación es sólo parcial.

La tasa de denuncias ha aumentado del año 2000 al 2010 en un 114%. Pasó de 2.399, 5 a 5.153,8 por cada cien mil habitantes. En estos 14 años hubo 1.782.093 denuncias y únicamente 92.650 sentencias, eso quiere decir que el 94.8% no llegó ni a juicio. Menos de 5 de cada 100 denuncias llega a juicio, pero más lamentable es que del 1.782.093 denuncias únicamente hubo 48.248 condenas. Además 35.666 conciliaciones y 34.966 criterios fiscales. En ese lapso fueron presentadas 1.663.213 de denuncias falsas o calumniosas. Esta posición no sólo es falaz, es sencillamente ridícula.

La trampilla de sostener que no todos los denunciados son culpables está muy gastada. No hay duda de que puedan existir casos así, pero que haya más de millón y medio de pillos denunciados que sean inocentes es para carcajearse.

Otro ingenuo truquillo es decir que han aumentado el número de sentencias del 2000 al 2009, argumento que es cierto, pero carece de todo valor cuando se compara con la tasa de denuncias y la cantidad de fallos condenatorios.

El treinta y nueve por ciento de los casos que llega a juicio, con el costo temporal y económico que eso significa para el país (y los contribuyentes por supuesto) resulta absuelto. Es decir casi 4 de cada 10 acusados por el Ministerio Público ¿injustamente? no es condenado. ¿Qué sucede?

El problema es de liderazgo en el Poder Judicial, los que mandan son los de la oscura “cofradía de los consultores internacionales que cobran dedicación exclusiva y no pagan impuestos por los dólares que reciben en el exterior”. Esos son los que han entregado nuestro país al hampa y a la mafia.

Otro detalle que oculta el discurso oficial: ¿Cuándo van a encarcelar a los casi mil condenados a penas de más de tres años que están libres?

Y un nuevo tema para debate: ¿Cuánto cuesta un recurso de casación de la defensa pública? Y… ¿cuántos recursos son declarados con lugar?

Como dicen en Puriscal: ¿No me defiendas comadre?