¡ Magistrado acosador !

La intensa sesión de la Corte Plena del lunes 27 de mayo del 2013, duró más de ocho horas, fue declarada secreta -por ley- y mediante la magistrada vocera, la prensa conoció el veredicto del proceso disciplinario por acoso sexual contra un magistrado.

Treinta y dos rondas de votación, para aprobar el informe rendido por los supremos jueces Doris Arias y Jesús Ramírez y finalmente decidir con quince votos magistrales el envío del expediente a la Asamblea Legislativa, para que los diputados decidan si lo destituyen o no.  Seis votos se inclinaron por castigarlo solamente con una suspensión. ¿Magnanimidad o alcahuetería?

Dos terceras partes de la Corte fueron tajantes: “Con la prueba presentada se logró acreditar que los hechos eran gravísimos y que hubo un contexto de violencia psicológica contra la mujer.”

Una jueza contenciosa administrativa presentó la queja ante la Corte y denunció penalmente por delitos sexuales, en el Ministerio Público. El caso sigue.

Si quince magistrados acordaron pedir la destitución de su compañero a la Asamblea Legislativa, el asunto es realmente grave y escandaloso.  Lo elegante sería que el magistrado acosador renuncie de inmediato y se vaya para la casa a enfrentar el proceso penal en curso.

Ya hemos dicho que no es la primera vez que altos funcionarios del Poder Judicial han despegado conductas pervertidas y dañinas en contra de alguna funcionaria.   El derecho de pernada magistral era una leyenda que se conocía en la vieja  Facultad de Derecho, desde mi época de estudiante universitario.   Un magistrado tuvo el mote de pornogato. Y a un fiscal le decían pornoperro, porque acosaba a las funcionarias jadeando por el teléfono como un zaguate.

El comportamiento cavernicola de cualquier miembro de los supremos poderes, debe ser repudiado de inmediato y erradicado desde su raíz.  No es un problema meramente jurídico, que claro que lo es, sino y sobre todo es un asunto de índole ética, de violación a los derechos humanos fundamentales.

La valentía de la jueza que se atrevió a poner en su lugar al dueño de la toga pringada, es digna de una heroína.  La aplaudimos francamente. Muchas funcionarias han sufrido esos ataques de  sus jefes primates y por temor han callado.

El principio de publicidad procesal, tan en boga en los estrados penales, debería impregnar los procesos disciplinarios en su fase final. Esos tapujos legales –redactados por los mismos interesados- tendrán que ceder a la modernidad y a la transparencia que los tiempos actuales exigen.