¿Ciudadanos desarmados con el hampa armado?

El pasado miércoles 23 de marzo, el diputado Carlos Góngora organizó un foro en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, para discutir sobre el proyecto de Ley de Armas elaborado por expertos de la sociedad civil –que no cobran consultorías-.

 El actual Ministro de Seguridad había aceptado participar en ese dabate, pero se excusó ya cuando los programas estaban impresos y su silla lista. No pudimos escuchar la posición oficial del gobierno… ¿Será la misma del inveterado asesor de la presidenta que usa camisetitas con un revólver con un nudo en el cañón?

Don Miguel Cifuentes, don Carlos Góngora y quien escribe, expusimos nuestros puntos de vista ante un auditorio repleto de altos funcionarios policiales y de todos los sectores del sistema de control social. Los gestos de asentimiento y sus comentarios favorables a las reformas propuestas fueron contundentes. El Estado no puede desarmar a los ciudadanos si antes no ha desarmado a los hampones.

El derecho fundamental de los ciudadanos a la seguridad tiene la correlativa obligación del gobierno de garantizar a todos los habitantes los derechos básicos a la vida, la integridad física y la propiedad. Es la función de policía una de las esenciales del Estado Social de Derecho. Si los miembros de los tres Poderes de la República son incapaces de trazar una política criminal democrática, lo que hacen es criminal politiquería. La estructura de control social está colapsada desde hace mucho tiempo desde la formación familiar, la educación, las leyes, las policías, el Ministerio Público, la Administración de Justicia y el sistema penitenciario.

La sociedad costarricense requiere un nuevo pacto social, reglas claras para preservar la convivencia pacífica y hacer que quien infrinja sus deberes legales responda por las consecuencias de sus actos.

Nuestro Derecho Penal es farsante. Las condenas judiciales por decenas de años por los crímenes atroces nadie las cumple en su totalidad. Tenemos que dar un paso franco: Rebajar todas las penas a la mitad, pero que realmente se cumplan. La prisión preventiva en asaltos, amenazas, portación ilegal de armas, asesinatos y otros delitos graves debe establecerse tajantemente. Esos casos tienen que ser tramitados con más celeridad. Los robos deben pararse, con fiscales y jueces dedicados a esos asuntos y con policías muy capacitados, para que la recolección y preservación de las pruebas sea eficaz.

El castigo para quien porte un arma sin permiso debe ser la prisión, nada de multitas ni trabajitos comunales, como ahora. Los hampones andan armas para asaltar y matar, no las cargan como amuletos. Las policías deben estar muy capacitadas para hacer con sumo cuidado los documentos de la cadena de custodia y la participación de testigos. Esos deben ser procesos de flagrancia, con prisión preventiva breve y condena rápida y eficaz, sin medidas alternas, sólo cárcel.

Las estadísticas judiciales de los asesinatos y los asaltos reflejan la situación victimológica, la incapacidad de la mayor parte de los políticos, la pereza del gobierno y el efecto devastador de las armas de fuego en manos de los pillos.

¿Frente a vecinos agresivos y armados hasta los dientes qué vamos a hacer?