Delincuencia real y delincuencia virtual

Delincuencia real y delincuencia virtual. Los criminales no dejan espacio libre. Nuestro país es atacado a diario por hampones de todo pelaje y la sociedad costarricense se encuentra inerme y frustrada.

Los límites se han borrado de nuestro territorio, de nuestro cielo y de nuestro mar. Las fronteras de la ley se han cuarteado.

La delincuencia real ataca sin tregua y la respuesta del estado es ridícula, sólo el dos por ciento de los ladrones resulta condenado. Y como si eso fuera poco existe una poderosa casta criminal que crece y crece en el ciberespacio, de aquí y del mundo.

La ciberdelincuencia afecta a las sociedades en todos los niveles y en especial en los más sensibles. Desde los fraudes hasta el tráfico de personas. Ahora el aparato de control social no cuenta con los recursos legales, financieros y materiales para prevenir y reprimir a los hampones de internet.

La Sección de Delitos Informáticos del OIJ está conformada solamente por 19 profesionales. Estos ciberpolicías altamente calificados atienden las solicitudes de todas las autoridades judiciales del país: deben asistir a los respaldos de información, allanamientos, aperturas de evidencia. Le corresponde investigar en las causas penales relacionadas con delitos informáticos, así como analizar las evidencias, rendir informes y asistir como peritos a los juicios.

La cantidad de casos y el faltante de profesionales en esta sección han generado un atraso de cuatro años en la ejecución de los análisis de estos peritos forenses, con el consecuente perjuicio para las partes procesales y quebrantándose el principio constitucional de justicia pronta y cumplida.

He visto las peritaciones de la policía judicial cibernética y son de indiscutible calidad profesional. Gracias al valor probatorio de los informes de estos expertos se han resuelto muchos casos de manera acertada.

Los políticos al mando tienen la obligación de dotar de suficientes recursos a los ciberpolicías. La tragedia del colegio de Orotina, deja clara la situación que enfrentamos, dos muertes originadas en las redes sociales, pero también se han dado fraudes y violaciones.

El estado tiene la obligación de brindar los servicios de policía preventiva y represiva dentro de nuestras fronteras y en el ciberespacio.

El OIJ requiere de más apoyo político para contar con los recursos indispensables que le permitan reprimir a los delincuentes reales y virtuales. No es posible que solo 19 ciber policías den abasto para atender todo el país. Veremos hasta dónde llegará el atraso, mientras los políticos se deciden.