¿Dónde está el sentido común de los magistrados de la sala IV?

Sentido común. Democracia. Justicia. Armas. Son palabras que leemos y escuchamos a cada rato en los medios de comunicación y aunque parezca extraño, tienen profundos nexos entre sí y con la realidad actual de nuestro país.

En los últimos meses hemos visto asaltos de todo tipo. En muy corto tiempo han acaecido dos espectaculares robos de armas del gobierno. El primero ya fue resuelto por la policía y el de esta semana esperamos que también culmine con la captura de los maleantes y de los gatos caseros que brindaron la información a esos pillos. Compraron cajas fuertes para guardar esas pistolas en las delegaciones, existen muchas bodegas seguras y sobra espacio en el arsenal nacional, pero dejaron cientos de armas en un cuchitril vigilado por los guachimanes. Todos nos preguntamos: ¿Cuál es el nivel de sentido común de los funcionarios administrativos de la Policía de Tránsito?

Los munícipes del cantón de Pérez Zeledón acudieron a las urnas y siguiendo al pie de la letra el mandato de la ley. Realizaron un pulcro plebiscito donde la mayoría dispuso destituir al alcalde. Fueron legalistas y respetuosos de las decisiones mayoritarias. La voluntad popular quedó plasmada de manera clara y tajante, en el altar de la democracia. Fue una gran lección de convivencia cívica y pacífica. De repente, el alcalde llegó a la Sala Cuarta, interpuso sus recursos y lo restituyeron. El pueblo se alzó y no sabemos cómo va a acabar la historia. Dicen los doctrinarios que la norma municipal se caerá. Entonces la consulta popular fue un deslucido carnaval. El voto fue manchado y la frustración nacional se incrementó. Preguntamos: ¿Dónde está el sentido común de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Sala Cuarta?

Los policías de la capital -de la Fuerza Pública, del OIJ y de la Municipalidad- saben muy bien y desde hace muchos años, quienes son los ladrones que asaltan a diario a los ciudadanos. Algunos sostienen que apenas se sobrepasa el centenar de hampones, pero atacan a diario y producen más de veinte mil robos al año. El Director del OIJ sabe a cada instante donde suceden esos delitos y no coordina con las otras policías para enfrentar a los criminales y proteger a la ciudadanía. Las estadísticas señalan que la mayor parte de los atracos los realizan con armas de fuego. Nadie lo duda. Muchísimos fiscales y jueces están hartos de recibir decenas de veces a los mismos sospechosos… y la ley impide que puedan sacarlos de circulación. Los políticos de Zapote y Cuesta de Moras saben cuáles son los ajustes y actualizaciones legales que permitirían hacer cumplir el principio básico de la convivencia civilizada: que cada quien responda por sus actos… pero le importa un comino.

Desde hace años y muchas veces, en la Asamblea Legislativa, en los medios de comunicación y en diversos foros, he dicho que hay que reformar de inmediato el artículo 88 de la Ley de Armas, para que el delito de portación ilegal de armas permitidas tenga una sanción severa (ahora es de prestación de servicios de utilidad pública y de 6 meses a 3 años de cárcel), prisión preventiva y un trámite expedito. Preguntamos: ¿Habrá algún político con sentido común que entienda que podría pasar si esa reforma legal se aprueba?

Estamos seguros que la mejor arma de la democracia y la justicia es el sentido común… pero no abunda en los políticos al mando de los supremos poderes.