ANTE EL INMINENTE REGRESO DEL INEFABLE DALL´ ANESSE

Los responsables del desastre que enfrentamos en la mayor parte de los ámbitos de la política nacional y especialmente en la política criminal, son ustedes, los políticos que ocupan los altos cargos en los tres poderes del Estado.

Son ustedes, los políticos del Poder Judicial, quienes redactaron y lograron que se aprobara el Código Procesal Penal y la ley del Ministerio Público, generadores primordiales de la impunidad actual.

1.- La crisis del Ministerio Público
Ustedes promovieron la reorganización del Ministerio Público, sin el análisis debido, ni la indispensable planificación, sin los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios; sin políticas de seguridad para los usuarios y funcionarios; sin infraestructura propia; con enormes atrasos en la tramitación de sus expedientes; sin personal de apoyo para que los fiscales puedan concentrarse en los asuntos sustantivos; sin una política estructurada de recursos humanos (selección, inducción, capacitación, motivación, remuneraciones, incentivos); con fugas de información que ponen en peligro las investigaciones, los testigos y los propios fiscales y con rompimiento de la acción penal provocado por la rotación de fiscales.

2.- Consultorías: chorizo y laxitud
Ustedes permiten que un grupillo de altos funcionarios se enriquezca de manera indecente e ilegal, con el chorizo de las consultorías internacionales. Son ustedes los que se hacen de la vista gorda, con los permisos sin goce de salario y las vacaciones camufladas, de unos pocos vivillos que ganando dedicación exclusiva, han obtenido miles y miles de dólares en esas oscuras consultorías, que ni siquiera tributan.

Usted… tan severo con su chofer, a quien detuvo y persiguió por llevar la novia a una parada de buses en el vehículo oficial… pero tan laxo con los que se enriquecen –en el Poder Judicial- injustamente con las consultorías internacionales.

3.- Historieta acomodaticia
Abril 1989. Salió de la judicatura y dijo que jamás trabajaría en el Poder Judicial, mientras un magistrado, al que entonces criticaba acremente, permaneciera en la Sala Tercera, como hasta la fecha lo sigue haciendo.

10 marzo 1991, como defensor particular de los asesinos del triple crimen del barrio La Granja, presentó el recurso de amparo número 550-91, contra la Sección de Homicidios del OIJ y sostuvo que los policías judiciales ejercieron “presión psíquica, intimidación y algunos tratamientos físicos que dejaron huella” en sus clientes; además afirmó que “Las investigaciones han sido tan sensacionalistas que, han implicado que la prensa llega al lugar del hallazgo de la evidencia, antes que el O.I.J., y es filmado y fotografiado por los medios de comunicación el rápido acto de recolección de los indicios.”
Los magistrados lo rechazaron por unanimidad. Truquillos e inéditas leguleyadas que se derrumbaron. La Sala Cuarta no dejó sin efectos jurídicos las declaraciones de los homicidas, ni los puso en libertad, ni condenó a los policías al pago de los daños y perjuicios, como usted reclamó con rimbombante extravagancia.

13 marzo 1991. Ante semejante ocurrencia, Julio Rodríguez señaló claramente: “El abogado defensor no es, por tanto, un maestro de la mentira ni un experto en triquiñuelas… Ni mentiras ni triquiñuelas. Lo seres humanos que han caído merecen respeto.” La Nación, página 15 A.

22 abril 1991. Aparece en los periódicos como juez suplente del Tribunal Superior Primero Penal, Sección Segunda, mientras seguía ejerciendo su profesión liberalmente.

19 febrero 1992. Sus clientes asesinos fueron condenados a 70 años de cárcel y usted recurrió ante casación, con la cantaleta de la tortura policial. La Prensa Libre, página 6.

24 enero 1993. La Sala Tercera ratificó el fallo y: “Los magistrados calificaron estas críticas al fallo como una actitud de marcada hostilidad en contra de la policía judicial. Estimaron que las pruebas usadas contra los dos sentenciados son válidas y carecen de vicios como alegó el defensor en el recurso de casación que pretendía que el fallo se anulara.” La Nación, página 12 A.

Cerró su bufete, volvió a la Corte como letrado de la Sala Tercera y se esfumó de los medios. Después saltó desde tan alto piso al Tribunal de Casación y de ahí brincó al Ministerio Público, con el propósito de catapultarse a la magistratura y finalmente realizar su sueño dorado… sentarse junto a quien tanto criticó, pero no pudo.

Marzo 2002. Como juez de casación, expresó: “En todo caso, es necesario tener conciencia en punto a que nada de lo que hagamos prevendrá el delito ni la delincuencia: si creemos ofrecer seguridad a los ciudadanos con nuestro trabajo, estamos equivocados y lo más honesto es cerrar la administración de justicia penal, para así ahorrar el esfuerzo económico; si creemos que la dinámica del sistema penal es la protección del ciudadano frente al Estado, entonces cobra sentido nuestra función.” (Revista Medicina Legal de Costa Rica, volumen 19, No. 1, p. 64).

27 diciembre 2003. Hizo temblar los televisores en Alajuela y en todo el país. Observamos ese largo proceso y su apabullante resultado. Vimos los videos y las fotos de las detenciones espectaculares. Veremos en qué terminan esos dilatados juicios, a los que supongo, comparecerá a estrados y sabrá sostener sus tesis, como lo hacían los fiscales generales, quienes no se encerraban en una salita con banderas de colores.

Anecdótico trillo, que va desde las profundidades del fracaso de las triquiñuelas procesales, hasta la cúspide de la euforia de las castañuelas del poder… empedrado de enormes pifias.

4.- Añeja hostilidad contra la policía.

No es sorpresivo, ni extraño, que impulsara con frenesí la absurda norma contenida en el artículo 98 del Código Procesal Penal, que prohíbe expresamente a la policía recibirle declaración al imputado. Lo que no logró como litigante, lo alcanzó como redactor de esa ley y hoy tenemos una policía maniatada y muy mal “dirigida funcionalmente”.

Refiere que “la preocupación que generaron los casos de la persona menor de edad William Lee Malcom y del señor Ciro Monge, muertos a manos de agentes del OIJ. Esto motivó las condenas de los agentes judiciales, hoy excluidos de la nómina de la policía. Para no vivir situaciones similares en garantía de toda la sociedad, hoy tenemos un Código Procesal Penal que regula a una policía respetuosa de los derechos ciudadanos…”
Dos casos repudiables de abuso policial (aunque se le olvidó mencionar a los “torturadores” de sus clientes asesinos), sirven de base para arrancar a la policía el elemental instrumento del interrogatorio respetuoso de los sospechosos… ¿Creerá que todavía hay asesinos y torturadores en el OIJ?
Usted ha sido más que hostil con los policías. Por eso es que ni siquiera menciona a alguno de los héroes del OIJ y de la Fuerza Pública, que murieron en la lucha contra el hampa, ni recuerda a uno de los muchos policías que han salvado la vida de las víctimas. Ellos, los valientes y abnegados, los imprescindibles policías, parece que no cuentan y no merecen respeto alguno, como tampoco lo merecieron, los tres apuñalados del barrio La Granja, pues como piensa y dijo en marzo del 2002: “el proceso penal no está concebido para castigar culpables, sino para evitar el castigo de los inocentes”.

5.- No logró sacar ninguno de los tres conejillos del sombrero de sus conocidas triquiñuelas.

En su forzado intento por demostrar la “opinión variable sobre los responsables de la inseguridad ciudadana”, recurre a la vieja maña de sustentar falsas premisas en párrafos aislados del contexto histórico y cual aprendiz de mago, pretende deslumbrar a los lectores con sus toscos trucos y espumosas conjeturas, burbujas mendaces que estallan dentro de sus propias trampas ilógicas.

El primer conejillo se le resbaló. Con el mismo estilo de citar trozos de sus propios artículos en las sentencias, se basa en un pequeño párrafo de una nota periodista que reproduce muy pocas de las expresiones que brindé en una conferencia de prensa, el 7 de diciembre de 1995, ante varios medios, en los tiempos de la “ola delictiva”.

La triquiñuela es torpe y deja de lado las publicaciones de los demás medios en esos días, como lo que expresé el 11 de diciembre de 1995, en Radio Monumental: “El país tiene que tener claro que aquí hay un ejército que nos causa mucho daño: es el ejército de los politiqueros y de los vividores de la política y el ejército de los narcotraficantes y de los grandes delincuentes”, publicado en el mismo diario que cita.

En aquella época y en las legislaturas siguientes, no ha habido interés en promover las reformas legales indispensables y efectivas para enfrentar la grave victimización y la insoportable impunidad.

Esto es falso y ridículo, que el Código Procesal Penal haya necesitado mi apoyo; ni se lo di, ni lo aprobé, ni lo impulsé, lo único cierto es que esta ley que critico y la pésima reorganización del Ministerio Público, han sido un rotundo fracaso.

El segundo roedorcillo se le escurrió. Muchas veces he comparecido a foros y comisiones legislativas, como consultor de la primera comisión de narcotráfico, como ministro, como presidente del Colegio de Abogados y como profesional siempre interesado en aportar mis ideas en torno a la grave situación de inseguridad e impunidad, en la que vivimos desde hace años. He expuesto en detalle, mi opinión sobre la necesidad de mejorar nuestro sistema de control social y evitar la victimización y la impunidad galopante.

Debemos mejorar el nivel de nuestras policías, dotándolas de recursos suficientes y capacitándolas. La reorganización profunda de nuestro sistema educativo, donde la ética cívica sea el eje central de la formación de nuestros niños y jóvenes, es impostergable. El Ministerio Público y la administración de justicia penal están trabados y ustedes, los políticos, no mueven ni un dedo por sacarlos de la crisis.

El tercer gazapillo se le escabulló. Se sofocó por mi opinión publicada el 15 de febrero anterior, en este mismo periódico, cuando me entrevistó don Fabián Meza y lo repetiré muchas veces más: “el país tiene que saber que estos señores son responsables de redactar las leyes que han sido el acelerador de la violencia y la inseguridad, son los adalides del archigarantismo, los responsables de la destrucción del derecho contravencional y de la nefasta política de persecución penal”.

Ahí están las estadísticas judiciales y la opinión generalizada de los costarricenses, especialmente de los miles de víctimas del hampa.

Ni prestidigitador, ni lógico… sus triquiñuelas no son ni de aprendiz de mago.

6.- La alcahuetería de los robos con fuerza hasta $500
Cual émulo de Mario Moreno, refiere un “error de lectura” de su oficio 0927-2005 y concluye con una cuchufleta: “Es difícil girar una orden ‘verbal’ por ‘escrito’…”
Lea bien lo que usted firmó en su oficio del 30 de mayo del 2005: “instruí verbalmente a los Fiscales Adjuntos, para que de conformidad con las potestades que les otorga el Código Procesal Penal, en tanto no se publique la directriz, decidan –cada uno en su ámbito de competencia territorial- los casos en que se aplicarán los criterios de oportunidad”.

No se enrede. Usted instruyó “verbalmente” a sus subalternos, aunque nunca se atrevió a enviarles la directriz “escrita”. Por eso sus fiscales archivaron y rechazaron gran cantidad de casos dentro del injusto y absurdo tope de los $500.

7.- Robos e impunidad.

En el año 1992, fueron recibidas por las autoridades judiciales, 4.855 denuncias por robo, lo que significa una tasa de 152 robos denunciados por 100.000 habitantes. Los tribunales dictaron 617 condenas que significan el 12,71% de las denuncias por este delito. En 1998 entró en vigencia el Código Procesal Penal e inició el desastre y la más injusta impunidad.

Las tasas de robos denunciados por cien mil habitantes fueron de 142 en 1995; 163 en 1996; 321 en 1997. Al entrar en vigencia el Código Procesal Penal, en 1998, llega a 662. Durante esos mismos años, los porcentajes de condenas representaron el 24,69%, el 20,01%, decae al 11,7% y en 1998 se hunde en el 2,99%. La tasa de robos llegó a 930 en el 2006 y las condenas no alcanzaron ni el 2%. En 15 años, la tasa su multiplicó por 6 y el porcentaje de condenas disminuyó 6 veces… de por sí, como usted dice: “el proceso penal no está concebido para castigar culpables, sino para evitar el castigo de los inocentes”.

8.- Recuperemos el derecho a vivir en paz
Tenemos que rescatar la libertad, la justicia y la seguridad, perdidas gracias a la errática “política criminal” impulsada por los políticos de la cúpula judicial y avalada por los demás políticos de los otros poderes del Estado. Debemos recuperar nuestro derecho a vivir en paz.

Los descomunales yerros del Poder Judicial y su Ministerio Público, han repercutido directamente en los altísimos niveles de impunidad registrados en los últimos nueve años, en los que la fiscalía -con expresa y mayoritaria venia magistral- sólo pudo dar respuesta al siete por ciento de todos los casos denunciados por las víctimas de los delincuentes: tres por ciento de condenatorias, dos por ciento de conciliaciones y dos por ciento de criterios fiscales.

En Costa Rica, para las decenas de miles de víctimas del hampa, el principio constitucional de “justicia pronta y cumplida”, se disipó desde 1998… aunque usted y sus jefes se irriten.

Déjese de triquiñuelas, atrévase a ir a algún juicio y al menos gane los casos con los que ha hecho tanto alboroto o váyase para su casa.